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EL PAÍS

El juez Peinado rechaza que Bolaños declare por escrito y recela de interrogarlo en La Moncloa

El magistrado se queja de que, cuando acudió a tomar declaración a Sánchez, la seguridad retuvo su coche en el acceso un “tiempo superior al necesario”

El juez Juan Carlos Peinado, cuando acudió en coche a La Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez, en julio de 2024.

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace casi un año, ha fijado las primeras condiciones del interrogatorio que quiere hacer al ministro Félix Bolaños, al que ...

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El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una investigación contra Begoña Gómez desde hace casi un año, ha fijado las primeras condiciones del interrogatorio que quiere hacer al ministro Félix Bolaños, al que prevé tomar declaración el próximo 16 de abril. A través de una resolución fechada este lunes, el juez ha rechazado la petición del dirigente socialista de responder a las preguntas por escrito. Y, paralelamente, el magistrado ha supeditado que esta cita se pueda celebrar en el despacho del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ubicado en La Moncloa —como pretende el miembro del Gobierno— a que se “garantice la facilidad de acceso” de su vehículo al complejo presidencial.

Con esta resolución, plagada de reproches, el magistrado mantiene la tensión que rodea a la instrucción. El juez quiere preguntar a Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, a la que también mantiene imputada. Peinado ha abierto una nueva línea de investigación por un delito de malversación después de haber interrogado a Álvarez sobre las labores que desempeña para la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. La asesora aseguró que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del Ejecutivo, y que solo realizó favores a Gómez en sus proyectos personales por su relación de amistad.

Tras recibir la notificación para comparecer como testigo, Bolaños envió una comunicación al juez para pedir que le dejase responder por escrito. La ley permite esta posibilidad a los miembros del Ejecutivo (presidente y demás miembros del Gobierno), siempre que se les vaya a preguntar por hechos que hayan conocido por razón de su cargo. Una circunstancia que, según explica Peinado, no se cumple en esta caso. “Los hechos sobre los que ha de versar su testimonio no los ha conocido en razón de su actual cargo, [ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes], sino cuando tenía otro cargo diferente, en concreto, el de secretario general de la Presidencia”, expone el magistrado, que atribuye a Bolaños una interpretación “errónea” de la ley para tratar de evitar que le haga las preguntas en persona.

El juez multiplica sus reproches al abordar dónde debe producirse el interrogatorio. El ministro ha pedido que se haga en su despacho de La Moncloa, donde se localiza la sede principal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; en lugar de celebrarlo en otro despacho que tiene disponible en la céntrica calle madrileña de San Bernardo, donde el área de Justicia tiene sus dependencias. Para justificar su solicitud, Bolaños aportó un informe donde alega que, de llevarse a cabo la declaración en San Bernardo, existirían “problemas de seguridad” y provocarían “eventuales inconvenientes a los ciudadanos que transiten por la mencionada calle”. Sin embargo, Peinado muestra muchos recelos sobre ello.

En primer lugar, el juez duda de la veracidad del documento. Afirma que ha sido elaborado “supuestamente” por el jefe de servicio de la escolta de Bolaños, pero añade que nadie lo suscribe. Según insiste, no viene “firmado”, ni se identifica a sus autores. “Parece algo, cuando menos extraño, que el titular del Ministerio de Justicia, como notario mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja. Por lo que poca o ninguna virtualidad puede atribuirse al mismo”, remacha el magistrado.

A su vez, Peinado se queja del trato que se le dio en julio de 2024, cuando acudió a La Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno. El magistrado muestra su malestar porque, aquel día, los responsables de seguridad retuvieron su coche un “tiempo sensiblemente superior al necesario” cuando iba a acceder al complejo, “existiendo un nutrido número de personas expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo”. En este sentido, el magistrado reprocha que, sin embargo, al abogado de Begoña Gómez se le dejó pasar “sin espera de ningún tipo”.

Por ello, Peinado expone que él no tiene inconveniente en interrogar a Boñalos en La Moncloa, “siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial”. O, incluso, el magistrado plantea que el Ministerio de Presidencia le ponga un coche de su parque móvil a su disposición “para realizar el correspondiente traslado del juzgado a la mencionada sede del complejo presidencial, y el regreso a la sede judicial”.

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